Uno de los pilares que garantiza el éxito y la legitimidad de un proceso electoral es la confianza que tienen los ciudadanos frente al sistema político, y más precisamente, el sistema electoral. Uno de los aspectos que define el sistema es el mecanismo practico a través del cual el elector materializa su voluntad, es decir, la forma en como los ciudadanos votamos.

Sociedades, más avanzadas tecnológicamente, y en mejor situación sociopolítica, han implementado, desde ya hace un buen tiempo sistemas de votación electrónica, dejando en el pasado los voluminosos y tediosos tarjetones. Hay países como Estados Unidos, donde algunos ciudadanos pueden votar por correo de manera anticipada. En otros países se implementan sistemas que envían la información de manera directa a un a través de máquinas computarizadas especiales.

En nuestro caso, han existido distintas iniciativas para aprobar en el congreso la implementación universal de voto electrónico, incluso ya se han dado pruebas piloto con mecanismos de identificación biométrica para garantizar la autenticidad de la persona y evitar la suplantación de identidad.

Los argumentos que respaldan la implementación del voto electrónico siempre persiguen el ideal de la transparencia, la confianza y la recuperación de la “fe” ciudadana en el sistema. Recordemos que la abstención en Colombia ronda un promedio histórico del 55%, en gran parte asociada con la falta de legitimidad del sistema políticos, sobre todo del sistema electoral con el antecedente del fraude electoral de 1970.

Sin embargo, y pesar de contar con un importante respaldo, siempre ha aparecido el argumento del costo económico de la implementación del sistema. Esto puede ser cierto. Implementar un sistema de esta naturaleza es un país tan disperso poblacionalmente y con un potencial electoral de casi 30 millones de personas implica una gran inversión.

No obstante, más allá del costo económico, se podrían formular hipótesis de carácter político y cultural, que, desde la clase política tradicional, y desde gran parte de la ciudadanía, inmersa en las practicas electorales tradicionales, vendrían a explicar él porque nunca se ha implementado y seguramente nunca se hará, o se demorara un buen tiempo.

La cultura del sello y la desconfianza

Una primera barrera que se debería derrumbar para lograr la implementación y aceptación de un sistema de voto electrónico en la confianza y la validación de cualquier trámite, en este caso, un voto, únicamente si existe de por medio un “sello”. Es decir, que hoy en día los colombianos seguimos desconfiando, en buena medida, en mecanismos que no nos generan seguridad. Entre ellos los mecanismos electrónicos siguen siendo vistos con suspicacia por muchas personas. Si no está escrito y autenticado no vale….

La suspicacia ante el sistema

Si un sistema como el que tenemos es fuente permanente de denuncia, un sistema de voto electrónico no estaría exento de suspicacia. Por un lado, de los ciudadanos y por otro lado de los políticos que, a pesar de los mecanismos que estos procesos pueden ofrecer para certificar la validez de los resultados, siempre, sobre todo ante la derrota, van a buscar en el sistema la explicación a su fracaso electoral

La barrera cultural

Tanto los políticos como los ciudadanos están acostumbrados al sistema tradicional por lo que un cambio de mecanismo puede convertirse en un proceso tortuoso, lleno de obstáculos y que genere mucha desconfianza

Las campañas electorales, la publicidad política y las prácticas tradicionales de la política nacional giran en torno a la votación en papel, incluso las prácticas ilegales y los delitos electorales dependen en gran medida de la permanencia del sistema. Palabras más, palabras menos, alguien que se ha beneficiado de un sistema no va a querer transformarlo temiendo que pueda salir damnificado

En resumidas cuentas, introducir el voto electrónico, que seguramente puede significar un avance en la dirección correcta, en un país como Colombia es un proceso complicado, sobre todo por la ausencia de voluntad política para transformar un sistema cuyos beneficiados no quieren que se transforme.